El mercado del alquiler se ceba con los inmigrantes: el 99% de las inmobiliarias acepta cláusulas discriminatorias

El fuerte incremento de precios en el mercado de la vivienda de alquiler, así como el desajuste entre la demanda y la oferta, han creado el caldo de cultivo perfecto para el avance de la discriminación racial en el mercado residencial. El segundo informe ¿Se Alquila?: racismo y segregación en el alquiler de la vivienda — elaborado por Provivienda y financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones —, presentado este martes, revela que casi en la totalidad de las 100 llamadas realizadas a inmobiliarias en Madrid y Barcelona se aceptaron prácticas discriminatorias explícitas hacia personas extranjeras (99%), frente al porcentaje de 72,5% registrado en 2020. “Que tú quieres un perfil nacional, pues nacional”; “Sin ningún problema, muchas personas lo piden” y “Hoy se puede buscar mejor, hay una demanda tan alta que se puede filtrar muy bien”, fueron algunas de las respuestas de agentes inmobiliarios a las llamadas simulando ser un propietario en busca de inquilinos exclusivamente españoles, según la asociación que trabaja desde 1989 para evitar episodios de exclusión habitacional.

La directora general de Provivienda, Gema Gallardo Pérez, apunta que si bien el encarecimiento ha afectado a toda la población, impacta de manera desproporcionada al colectivo migrante, que ya atravesaba dificultades para acceder a una casa. En tanto, la responsable de investigación de la organización, Elena Martínez Goytre, lamenta que el resultado refleje “la normalización de las prácticas de bloqueo absoluto al acceso residencial por motivo de origen”. “Hay tanta demanda y tan poca oferta que ellos van a filtrar lo que les piden, porque pueden elegir, y desde ahí empiezan a establecer jerarquías entre los potenciales inquilinos”, explica la experta.

En este sentido, se evidenció que algunos agentes intentaban negociar ciertas nacionalidades “con buen perfil” al considerarlas competitivas frente al inquilino nacional. “Entiendo lo que no quieres, pero si me viene gente francesa, americana, inglesa, ¿te interesa?” o “No es lo mismo un inglés o un alemán o un holandés que de cualquier otro país”, fueron algunos de los intentos de persuasión al supuesto arrendador. Provivienda detalla que existe una valoración favorable respecto a la condición económica y hábitos de extranjeros comunitarios, anglosajones o con niveles socioeconómicos elevados. Mientras, para ciudadanos de países de regiones de África, Asia y América Latina — aquellos que migran por motivos económicos —, operan prejuicios como la presunción del impago, malos hábitos y hacinamiento, entre otros.

Responsables de la Dirección General de Gestión Migratoria han comentado en la presentación del informe que “el Gobierno de España trabaja en la actualidad, para combatir la desigualdad y la discriminación, en un plan de integración e inclusión social, que tendrá en la vivienda uno de sus ejes fundamentales de actuación”.

Aunque los trabajadores inmobiliarios contactados aclaran que no se puede colocar una premisa racista explícita en un anuncio, Gallardo Pérez explica que muchos garantizan la exclusión “por medio de otros métodos más sutiles, como exigir más requisitos, el encarecimiento selectivo o la negativa a ofrecer más información”. Destaca el auge de un nuevo actor en el mercado inmobiliario: el seguro de impago. Un 73% de los agentes recomiendan contratar uno, y lo ofrecen como un elemento que clave para la criba. Los listados de inquilinos potenciales también son una práctica cada vez más extendida, un 44% de las empresas dicen contar con una cartera de clientes confiables. Esta cifra que sube hasta el 65% si el participante pretendía ofrecer inmuebles en zonas de mayor nivel socioeconómico.

La mitad de opciones de vivienda

La segunda parte del estudio se enfoca en la respuesta diferencial de las inmobiliarias ante la búsqueda de piso de las personas según su nacionalidad. Provivienda marcó a 300 anuncios de pisos en alquiler en Madrid y Barcelona. Dos personas — del mismo genero y perfil socioeconómico — llamaron a los anunciantes a escasos minutos de diferencia y con el acento como su única distinción notable. En cada contacto, se preguntó por la disponibilidad del piso, la posibilidad de realizar una visita, los requisitos para el alquiler, y sugerencias de alternativas habitacionales similares.

Al solicitante extranjero se le dijo en el 47% de las ocasiones que el inmueble no estaba disponible, mientras el español solo recibió esa respuesta en el 31% de las veces, pese a que este siempre llamaba después. Asimismo, en el 16% de los contactos una misma agencia inmobiliaria le ofreció una vivienda alternativa al perfil nacional y no al perfil extranjero. Y en los casos en los que ambos recibían una referencia, se mencionaban hasta cuatro alternativas de piso a los solicitantes nacionales, mientras que se le ofertaba como máximo dos a los inmigrantes. Todo esto muestra una clara brecha en el acceso a la vivienda con base a la procedencia y supone que la población local puede llegar a acceder al doble de opciones residenciales.

También se percibieron diferencias en el trato, mientras el interesado español recibió un trato amable por parte de los trabajadores inmobiliarios en el 45% de las llamadas, el foráneo solo en un 31%. Ambas personas escuchaban las llamadas del otro y analizaban juntos este ultimo aspecto, para evitar sesgos.

Ciudades segregadas

Las agencias no solo suelen ofrecer menos alternativas a las personas extranjeras, también existen diferencias en cuanto a las zonas que recomiendan. “Este tipo de procesos lo que hace es reproducir las dinámicas de segregación que ya existen en nuestras ciudades, mientras hay territorios a los que a penas se puede acceder si tienes una nacionalidad determinada, se dirige a los migrantes a zonas donde ya tienen una elevada presencia como son los centros urbanos y las periferias”, detalla Martinez Goytre.

Por ejemplo, mientras al solicitante español se le aconsejaba buscar piso en Conde de Casal en Madrid o Poblenou en Barcelona, al inmigrante se le sugería Parla o Mollet de Vallés, respectivamente. Al respecto, la investigadora asegura que “la ubicación en el territorio define el acceso a diferentes derechos, por lo que esta dinámica agrava la brecha social y dificulta la cohesión dentro de las ciudades, fomentando sociedades más polarizadas”.