Es hora de una cruzada ética empresarial por el Perú
"Un paso significativo en este camino fue la reciente decisión de la congresista Adriana Tudela de retirar un proyecto de ley que buscaba desregular la fiscalización de infraestructuras".
La reciente acusación de la Fiscalía contra 28 empresarios del famoso ‘Club de la Construcción’, que enfrenta posibles condenas de hasta 28 años de cárcel, pone en relieve una crisis que ha ido en aumento en el panorama empresarial peruano y que sigue siendo palpable ante los ciudadanos que simplemente buscan vivir tranquilos en sus urbes: la corrupción.
Este escándalo no solo revela las fallas en el sistema de fiscalización y control que actualmente existen en nuestro país, sino que también plantea la urgente necesidad de que los empresarios asuman un rol protagónico en la autorregulación y la lucha contra prácticas corruptas.
En un país donde la corrupción ha socavado la confianza de los ciudadanos en las instituciones, es imperativo que los empresarios, como actores claves en el desarrollo económico, se alineen con una cruzada ética que priorice la transparencia y la responsabilidad.
Esto no solo implica cumplir con una ley muchas veces maltratada por malos servidores públicos y ciudadanos que la mancillan a través de coimas, sino también adoptar un compromiso firme para prevenir la corrupción en todos los niveles.
Los empresarios, desde los más consolidados en el mercado hasta los más pequeños microemprendedores, deben establecer mecanismos internos de control que garanticen la integridad de sus operaciones y promuevan una cultura empresarial que rechace transversalmente cualquier tipo de irregularidad.
Un paso significativo en este camino fue la reciente decisión de la congresista Adriana Tudela de retirar un proyecto de ley que buscaba desregular la fiscalización de infraestructuras. Esta acción, aunque motivada por la presión del natural, evidente y de necesario escarnio público, debe ser vista como un llamado a la reflexión.
La ciudadanía, cansada de la impunidad y de los escándalos de corrupción, exige no estándares más altos en forma de burocracia que incentive comportamientos no éticos, sino una gestión pública consciente de su rol como servidores públicos y un empresariado que se aleje de estos comportamientos y, al contrario, denuncie —incluso desde lo privado— acciones que eviten la impredictibilidad de las normas para crear un escenario donde se cumplan los acuerdos y contratos firmados.